El proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, cuyo tratamiento comenzó en el Congreso de la Nación, representa un peligroso avance autoritario de parte del gobierno de Javier Milei al pretender la suma del poder ejecutivo y legislativo en el presidente. La llamada “Ley Ómnibus” declara una supuesta “emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, sanitaria, administrativa y social” como justificación para otorgar al Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) amplias facultades legislativas, que abarcan prácticamente todos los órdenes de la vida social. En su art. 76, la Constitución argentina limita de manera explícita este tipo de delegaciones, que de llevarse adelante equivalen a una suspensión del Congreso Nacional —y sus poderes legislativos emanados del voto popular— por un período de dos años, con posibilidad de ser prorrogado a toda la gestión del actual presidente.
El sector de ciencia y tecnología (CyT) también se vería afectado por este atropello institucional. En el art. 6° inc. d), se faculta al PEN a “intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública Nacional, con la sola exclusión de las Universidades Nacionales”. Dado que gran parte de los organismos de CyT argentinos dependen de modo descentralizado del Estado nacional, esta norma habilitaría su intervención inmediata. El último antecedente de una intervención masiva de similares características es de 1976, con motivaciones y consecuencias tristemente conocidas. El número de organismos descentralizados de CyT susceptibles de ser afectados por esta medida alcanza a quince:
Administración de Parques Nacionales
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán)
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI)
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Fundación Miguel Lillo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Instituto Nacional del Agua (INA)
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Todo el personal de estos organismos de CyT, sin importar su condición laboral, pasaría a depender de la voluntad de los interventores. El mismo art. 6° del proyecto de Ley Ómnibus establece que “el Interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación. El Interventor podrá disponer el pase a disponibilidad o baja del personal de los órganos intervenidos, en el marco de las previsiones del artículo o cualquiera sea su modalidad de contratación”. Además, se estipula que dichos interventores concentren las funciones de los órganos de administración y dirección, violando la arquitectura institucional plural construida a lo largo de décadas en cada organismo.
También el art. 6° señala, al parecer como atribuciones de los interventores: “suprimir recursos propios de la administración central a su cargo o con afectaciones específicas establecidas por ley, (...) así como dejar sin efecto fideicomisos, fondos u otros instrumentos a través de los cuales se destinen recursos, los que deben ser girados al Tesoro Nacional rentas generales” y “privatizar actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y la gestión de producción de obras o bienes (...)”. Estas facultades podrían resultar en el desfinanciamiento y desmantelamiento de un amplio sector de investigación científica y transferencia tecnológica, y habilitar la privatización parcial de los organismos descentralizados.
Lo primero, debido a que las actividades científico-tecnológicas son altamente dependientes del presupuesto estatal (incluso en países con alta inversión privada en CyT). Lo segundo, ya que los bienes y servicios relacionados con la CyT ofrecidos a la sociedad en general, y a distintos actores en particular (empresas, cooperativas, ministerios, municipios, asociaciones, fuerzas armadas y de seguridad, etc.), pasarán de ofrecerse gratuitamente o a bajo costo, a ser pagos a precio de mercado, brindados por actores privados —posiblemente extranjeros— con fines de lucro. Con el riesgo, además, de que la privatización, como ocurrió en el pasado, implique el vaciamiento y la pérdida de soberanía y capacidades nacionales en ciertas áreas intensivas y estratégicas del conocimiento. Lo cual tendría consecuencias muy negativas en el desarrollo social, económico y cultural de la Argentina en el mediano y largo plazo.
En razón de esto, la Mesa Federal hace un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones intermedias, a los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación y al Poder Judicial, a defender las instituciones y la democracia en nuestro país. Y convoca a la comunidad científico-tecnológica a movilizarse, entendiendo que el avance de las intervenciones, así como la privatización de empresas tecnológicas públicas (ver declaración de la Mesa Federal al respecto), sumados a los efectos económicos del Plan Caputo, causarían estragos en el sistema de CyT nacional, suprimiendo los múltiples beneficios que este produce a la sociedad y la economía.
No es momento para medias tintas.
Como dijera nuestro libertador, el General San Martín, “cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.
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